Vientres de alquiler. Intereses “diversos”

Por Núria González López (@nurygglez)

Los vientres de alquiler son un negocio. Se basan en la pobreza extrema de unas mujeres y en la maldad extrema de otras personas. Convierten a las mujeres y los bebés en cosas. A las mujeres, en los medios de producción; a los niños y las niñas, en los objetos de consumo. Mujeres y menores están ligados a un contrato irrompible para ellos; sin embargo, es totalmente adaptable para los contratantes.

Como todo negocio, su único objetivo es el de obtener el mayor beneficio, invirtiendo lo menos posible en gastos. 

Por eso, estamos viendo cómo, cada vez más, los gobiernos misóginos y corruptos de países completamente empobrecidos, como Nigeria o Ruanda, se han sumado a la escasa lista de lugares en el mundo donde la explotación reproductiva de las mujeres es un negocio legal. Esos países apenas llegan a la veintena. 

Sin embargo, en otros territorios mucho más ricos y, supuestamente, garantes de los derechos humanos, como la Unión Europea, hace tiempo que vienen practicando una especie de pragmática hipocresía en referencia a este asunto, que no es otra cosa que la adquisición de menores previo pago de factura. O, aunque sea sin factura. En estos países, el alquiler de vientres es un contrato mercantil mediante el que se acuerda la disposición de menores por parte de terceros, para entregarlos a personas que no son sus progenitores, sin que medie supervisión alguna que garantice los derechos de los menores. En una palabra, está regulando la esclavitud en un acuerdo entre partes. 

Lo que quiero señalar es que, los países pobres no legalizan los vientres de alquiler para su mercado nacional, sino para que las personas de los países ricos, como los de la Unión Europea, puedan ir allí a hacer lo que en la mayoría de países europeos está prohibido. Además, en la misma mayoría de países europeos se hace la vista gorda a esta práctica, y le dan legalidad al criterio “de facto”. Esto es, ya que los niños están aquí, hay que reconocerles todos los derechos, en virtud del bien superior del menor. 

Es de un cinismo absoluto, por parte de nuestras autoridades de países ricos, apelar a la protección de los niños y las niñas, puesto que la primera protección que se les debería brindar es la de no ser objeto de compraventa, y de enriquecimiento de algunas empresas, que ganan en este mercado contemporáneo de carne humana, miles de millones de euros cada año. 

En el caso concreto de la Unión Europea, la evolución en cuanto al tratamiento de la explotación reproductiva ha sido tan cambiante como preocupante. En 2015, el Parlamento Europeo condenó sin paliativos la gestación subrogada, señalándola, acertadamente, como una práctica que viola los derechos humanos de mujeres y bebés. En los años siguientes, desapareció mención alguna al tema, hasta que, en el informe de igualdad de 2020, ha vuelto a aparecer. Sin embargo, esta vez se condena la “gestación subrogada” sólo cuando es producto de la explotación sexual. ¿Debemos entender entonces que hay otro tipo de alquiler de vientres aceptable, que no esté relacionado con la explotación de las mujeres? Obviamente no, pero así les interesa a las autoridades de la Unión Europea rebajar la maldad que encierra esta práctica. 

La pregunta es qué ha pasado entre 2015 y 2020 para que se produzca tan nefasta involución. La respuesta, que ahora vemos claramente, es que ha existido una maniobra sublime por parte de los interesados en la legalización de la explotación reproductiva de las mujeres, consistente en esconder su objetivo en la potenciación del concepto de “diversidad familiar”, para introducir una posible aceptación ética y legal de los vientres de alquiler. 

Está más que claro que los modelos de familias son múltiples y que ninguna familia debe ser discriminada por estar compuesta por dos mujeres o dos hombres y sus hijos e hijas, o por personas solteras y sus criaturas. Sin embargo, la agenda posmoderna de la teoría queer, también ha parasitado los derechos de las familias, para introducir en ellas la aceptación de los vientres de alquiler, como un modelo más de familia. 

Por supuesto, no es comparable defender los derechos de las personas, sea cual sea su orientación sexual, para formar una familia; que, utilizar la defensa de los derechos de la “diversidad sexual” como excusa para justificar la adquisición de seres humanos para formar una familia. 

De nuevo, vemos cómo se pasa por encima de las personas a proteger, para conseguir unos objetivos completamente diferentes, pero haciendo creer que realmente es una cuestión de justicia. 

Lo estamos viendo ahora mismo en España, donde se está instrumentalizando y utilizando de la manera más soez a las personas transexuales, para intentar justificar la puesta en marcha de un nuevo orden social, misógino y feminicida, iniciado con la aprobación de la mal llamada “Ley Trans”, que ha borrado a los propios transexuales hasta del nombre de la ley que se supone que va a garantizar sus derechos. Esta ley no amplía ni garantiza ni un solo derecho a las personas transexuales, de los que ya tenían reconocidos en España desde 2007

Lo que sí pretende es abrir la puerta, a través de la excusa de la diversidad, de unos supuestos derechos “sexuales y reproductivos”, para que cualquier hombre que se autodetermine mujer, como por razones biológicas jamás  será madre, pueda exigir al Estado que habilite el mecanismo necesario para ejercer sus supuestos derechos reproductivos. Obviamente, en el caso de una mujer que se autodetermine hombre, esos derechos serán los mismos que los de cualquier mujer a acceder a los tratamientos de fertilidad necesarios, y está bien. Pero, ¿en qué consistirán esas garantías para los hombres que se autodeterminan mujeres? Está claro que la autodeterminación del sexo abre la puerta a la exigencia de la legalización de los vientres de alquiler, para una supuesta protección de derechos. 

Ésa es la piedra de toque entre la agenda transgenerista y la explotación reproductiva. Conseguir el objetivo final de convertir sus deseos en derechos, sin importar si es a costa de violar los derechos humanos de las mujeres. 

Ese “pequeño” detalle lo solucionan haciendo desaparecer a las mujeres, y transformándolas en “personas gestantes” o “seres menstruantes”. Si no somos personas, no hay derechos. Y así, volvemos al punto de partida, cuatro o cinco siglos atrás. 

Núria González López, abogada y presidenta de L’ESCOLA AC. Autora del libro “Vientres de Alquiler”.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s